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Teorema

El Dilema
Fecha de Publicación: 25/08/2013
Tema: Legislación

 

Suponga por un momento que usted ejerce el cargo de Ministro de Comunicaciones. Agreguemos que su ministerio es conducido con absoluta probidad, eficacia,  capacidad y dentro de un auténtico compromiso de servicio con la nación.

 

Una parte importante de los recursos que el Presupuesto General ha puesto a su disposición, han sido dirigidos a la construcción de nueva infraestructura vial y al mantenimiento de la existente. Buscando mayor eficiencia, esa actividad la está desarrollando a través de un gran número de empresas de diferentes tamaños, distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional.

 

Todos los contratos fueron desarrollados dentro de la más estricta normativa y, además, a precios que resultaron de licitaciones absolutamente transparentes. Usted ha conseguido erradicar la corrupción; no existen ya “comisiones”, mordidas, sobornos…

 

En la nitidez de este escenario, surge un huracán. Este se ha estacionado en la zona atlántica durante varios días, causando lluvias torrenciales en todo el país. Posteriormente el huracán inició a atravesar el país con dirección al litoral pacífico. La zona montañosa lo convirtió en tormenta tropical, cuando finalmente llego a la Costa Sur se había convertido en chubasco.

 

A pesar de que el peligro ya pasó, las noticias no podían ser peores para su ministerio. El fenómeno dejó serios daños en su recorrido. Hay derrumbes por todos lados y algunos puentes quedaron a punto de colapsar, otros están por el suelo. El país está incomunicado.

 

Usted tiene un diagnóstico confiable de la localización de los daños y una estimación muy aproximada del volumen de trabajo que habrá que realizar. Sabe que permitir la movilidad sobre las carreteras es primordial. Si no lo consigue pronto, el daño causado por el cataclismo se verá magnificado por la negligencia gubernamental. Debe actuar y debe hacerlo pronto.

 

El Congreso está prácticamente cerrado. Los diputados se dirigieron a sus comunidades para ponerse al frente del reparto de ayuda local e internacional. Para ellos la catástrofe es una especie de bendición. Una exposición pública con bajo estas condiciones favorece notablemente sus posibilidades de reelección. Ellos “tienen” que salir en la foto.

 

Usted, Ministro diligente, honrado, acucioso, sabe que es imposible desarrollar los procedimientos legales para contratar las reparaciones. Solo cuenta con sus posibilidades de persuasión moral para conseguir que las empresas que ya estaban trabajando en las zonas dañadas, detengan esa actividad y se dediquen a resolver la crisis.

 

Pero actuar de esa manera es contrario a lo que ordena la ley. La legislación condena al país, a ser miserable. Algunas personas morirán al no poder acudir a recibir atención médica oportuna. Usted lo sabe. También sabe que no debe llevar ese problema al Presidente para que sea él quien decida. El problema es suyo y suya debe ser la solución.

 

Entiende que la ley de contrataciones es una legislación diseñada pensando que tanto el funcionario en turno como las empresas involucradas son delincuentes que buscan ingresos mediante robo, hurto, chantaje, extorsión… Muchas veces hubo razón para proteger al país de semejantes crápulas. Pero ahora, en la situación que enfrenta, no existe dolo alguno.

 

Usted se encuentra frente a un dilema. Si actúa en estricto apego a la ley, el costo para el país será elevadísimo. Usted, como representante del Estado habrá fracasado ante la población al ser incapaz de ofrecer una respuesta rápida y adecuada a los habitantes. Por lo contrario, si actúa contratando fuera de la ley, el país se salva, pero usted queda sujeto a una persecución legal que sin ninguna duda, será promovida por los más abyectos personajes políticos de la oposición.

 

Ahora, supongamos también, que aún a sacrificio de su bienestar personal, usted ha decidido priorizar su obligación como ciudadano honrado. Ha convocado a una reunión de emergencia con los presidentes de las empresas constructoras. Les ha explicado la situación ofreciéndoles un contrato informal y abierto ya que aún no cuenta con los volúmenes de obra a ejecutar. Ha utilizado todo su poder de persuasión valiéndose del amor de esas personas por su país y su gente.

 

No le ha sorprendido encontrar que en ellos existe la mejor disposición a colaborar para salir de la emergencia. Aceptan el contrato informal ofrecido, confiando en su honorabilidad para reponer los gastos en que habrán de incurrir. Solo muy pocos, le han dicho que lo tienen que pensar o que deben consultarlo.

 

Al día siguiente, bajo condiciones récord, ha iniciado el flujo de vehículos hacia las zonas del desastre. Los trabajos seguirán esa semana. Las actividades no comprendidas dentro de la inmediatez de restaurar el tráfico de vehículos, serán cubiertas dentro de contrataciones que han de pasar por el Congreso. Ese será un procedimiento largo, complejo, caro, sujeto a compadrazgos… Pero eso ya no es cosa suya.

 

¿Significa lo anterior un apoyo tácito a la emisión de bonos por Q 3,500 millones? ¡Definitivamente no! No, porque ese ministerio en todo lo que va de este siglo, acaso con una excepción, ha sido administrado con deshonestidad. No, porque casi todos los años hubo “comisiones” a favor del Ministro de turno. No porque los trabajos contratados dentro de esas condiciones de emergencia nacional, muy reducida fracción de la así llamada “deuda flotante”. No porque muchos trabajos se realizaron fuera de las dos o tres semanas que siguieron a la hecatombe. No porque…

 

Entonces ¿a qué viene la argumentación inicial y hacerlo ponerse a usted en los pantalones del Ministro honrado? Es muy simple: he tratado de describir una situación que sí se ha dado, que sí se seguirá dando y ante la cual, la legislación nacional no ha tomado ninguna medida precautoria.

 

Creo que se debe legislar a medida de proveer una salida legal a una situación así. Que se debe crear una excepción calificada a la legislación de contrataciones del Estado. Veo que se ha perdido mucho tiempo en interpelaciones ociosas. Tal vez, treinta o cuarenta diputados sean más que suficientes. Así, en vez de esa actuación baja, sucia e innecesaria, los legisladores debieran trabajar en subsanar las dificultades que presenta la legislación ante situaciones de emergencia como la descrita.

 

Habría que definir como emergentes aquellos trabajos que deben ser realizados para reparar exclusivamente los daños ocasionados por un desastre natural. Estos tendrían que ser concluidos dentro de los15 días siguientes al mismo. Los costos unitarios, deberían ser calculados por el MICIVI, y publicados  al final de la época de lluvias de cada año y tendrían vigencia durante los doce meses subsiguientes. Se debería permitir que entonces, con la debida anticipación, las empresas constructoras puedan presentar objeciones, aclaraciones y comentarios. Algo parecido a desarrollar un contrato colectivo, debidamente negociado con ellos. Una asignación especial, 1% por ejemplo, debería ser prevista para que la Contraloría ––CGC–– audite esos trabajos. Otros temas y previsiones relacionadas deben ser desarrollados. Todo debe ser público, transparente.

SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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