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Teorema

La visita
Fecha de Publicación: 16/08/2013
Tema: Guatemala

 

A principios de esta semana se instaló en Guatemala una delegación del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York. Forman el grupo visitante, nueve juristas de Estados Unidos, Chile Perú y Bolivia. Los visitantes llegaron bajo los auspicios de la Fundación  Myrna Mack.

El propósito de tal representación era entrevistarse con diferentes sectores del gobierno, principalmente del Organismo Judicial. También buscaban reunirse con organizaciones independientes relacionadas con el sistema de justicia y con distintas instituciones del sector privado productivo. Es muy probable que su agenda incluyera reuniones con ONG’s también vinculadas con ese sector, especialmente aquellas que son hermanas y primas de la Fundación (cosas de familia).

Los juristas visitantes se proponían llevar a sus interlocutores locales un mensaje explícito. Querían convencerlos de que la condena a Ríos Montt por los cargos de genocidio (condición que convertiría a Guatemala en un Estado Genocida), no debería preocupar a nadie. Afirmaban que la comunidad internacional, particularmente el mundo de los inversionistas no vería mal a nuestro país por esa razón. Todo lo contrario, lo percibiría como uno en el que se respeta la ley. Todos debíamos estar felices con ese fallo.

Además, afirman los juristas visitantes, que su visita: tiene como objetivo evaluar el sistema jurídico del país. Uno de los visitantes, el señor Hunter Carter, aseguró que la delegación "trae una perspectiva única de abogados que no sólo se preocupan por los derechos humanos y el estado de derecho, sino que cuentan con fuertes intereses profesionales y conexiones en la región". También, agregó Carter: "De esta manera podremos ayudar a reforzar la importancia para aquellos que procuren hacer negocios en Guatemala, de seguir procedimientos judiciales adecuados y adherirse al estado de derecho, lo cual eventualmente incidiría en el bienestar de los habitantes de ese país".

Los visitantes, sin mencionarlo explícitamente, buscaron dejar la impresión de ser asesores legales, en lo financiero, de un gran número de inversionistas en Estados Unidos y otros países del mundo, condición que, desde luego, no fue acreditada. Incluso, sus anfitriones dentro de la tradicional cortesía guatemalteca, omitieron solicitar que documentaran adecuadamente estar actuando por mandato de The New York City Bar Association (institución fundada en 1870 y de amplio prestigio) y en representación suya.

¿O se trató de alguna asociación advenediza creada con fines propios de las oscuridades de la izquierda internacional y con un nombre que al ser traducido permitía la confusión? ¿Acaso nuestros abogados pensaban que hablaban con el domador de los leones cuando en realidad lo hacían con el patojo que ayuda al vendedor de las entradas? Lo cierto es que ellos tomaron como buena la interesada palabra de la Fundación que los había contactado.

Porque sucedió que el largo brazo político, institucional y mediático de la señora Helen Mack Chang y de personas alrededor suyo consiguió que los visitantes fueran recibidos por diferentes instituciones y que tuvieran alguna cobertura mediática. Posiblemente haya sido por el respaldo de la ex comisionada para la Reforma Policial que las instituciones visitadas, con cierta ligereza, omitieran cerciorarse de la autoridad con que actuaban sus interlocutores.

Conviene recordar que el fallo del tribunal que juzgaba a Ríos Montt por el delito de genocidio, emitido el pasado 10 de mayo fue anulado 10 días después, el 20 de mayo. Entonces, la Corte de Constitucionalidad anuló parte del juicio, incluida la sentencia. Ordenó retrotraerlo a donde se encontraba el 19 de abril. Argumentó que existían diversos errores procesales y, principalmente, a que la juez había desobedecido órdenes explícitas de tribunales superiores al suyo relacionadas directamente con el caso juzgado.

Posteriormente, el pasado 6 de agosto, la misma Corte de Constitucionalidad rechazó en definitiva la amnistía pedida por Ríos Montt. La sentencia establece que los delitos de genocidio y crímenes de guerra que son imputados al ex militar, son “imprescriptibles en Guatemala”. En consecuencia, no pueden ser objeto de amnistía.

Volviendo a nuestros visitantes, sus declaraciones fueron percibidas como una amenaza que sonaba a: Si no condenan a Guatemala como un estado genocida, diremos a los inversionistas que dirijan sus recursos a otros países. Guatemala no recibirá inversión extranjera alguna y, sin esas inversiones, seguirá siendo un país miserable a perpetuidad. Algunos se asustaron, pero no todos.

De tomar en serio lo que ellos expresaron, el prestigio y autoridad de la Corte de Constitucionalidad quedaría en una posición sumamente frágil e incómoda. Los abogados de Nueva York, en un evidente arrebato de cretinez, se erigen como una autoridad de mayor rango que nuestra Corte de Constitucionalidad en un asunto que compete a la justicia guatemalteca y no a la de estado de Nueva York.

Algunos abogados e instituciones vinculadas con la justicia en Guatemala han reaccionado airadamente ante la supuesta pretensión del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York. Se preguntan estas personas: ¿Cómo pueden –los visitantes– ignorar elementos esenciales como la igualdad de derechos de los acusados y los principios del debido proceso?  ¿Cómo se atreven a señalar a la Corte de Constitucionalidad, dando a entender que su sentencia relativa al juicio a Ríos Montt fue un acto de sometimiento de la justicia? ¿Cómo hacen para ignorar toda la propaganda y movilizaciones realizadas que se dieron para apoyar esa condena?  ¿Cómo consiguen, obviar la parcialidad con que actuó la juez Barrios y su desobediencia a decisiones de órganos superiores?

Aseguran los abogados locales que: Más que un trabajo académico de investigación, la presencia de estos visitantes pareciera ser parte de una estrategia de la izquierda internacional para conseguir que se condene al Estado de Guatemala por el delito de genocidio, obligándolo a pagar costos de resarcimiento a las familias de los muertos durante el conflicto armado. No es necesario un refinado olfato perspicaz para advertir que estas organizaciones carecen de límites, morales o financieros para armar cualquier actividad que pueda incidir en la consecución de sus propósitos.

Los cuestionamientos de los juristas locales alcanzan connotaciones éticas al decir: ¿Qué nos pasa a los guatemaltecos que terminamos cediendo a la corriente “políticamente correcta” aun cuando sea evidente que ha puesto una máscara apropiada? ¿Qué nos pasa, que ante tan burdo engaño, mansamente metemos la cola entre las piernas y buscamos congraciarnos con ellos? ¿Por qué insistimos en ignorar que atrás de todo esto hay una agenda perversa? ¿Con qué cara hablan de independencia, si son ellos quienes presionan manera inescrupulosa al sistema de justicia guatemalteco?

Mi visión es un poco diferente. Si bien mi indigna que alguien, quienquiera sea, se abrogue el derecho de pretender evaluar nuestro maltrecho sistema jurídico, creo que mientras no se transgreda la ley, tal acto pertenece a la libertad de cada quien. Así, encuentro lícita la acción de los abogados de Nueva York. Pienso que se trata de un acto de impertinente arrogancia, pero nada más.

Si algo habría que censurar, esto sería que las organizaciones locales por ellos visitadas se hayan prestado a su juego. Que les hayan atendido. Que los hayan tomado en serio. Que les hayan ofrecido explicaciones. Lo que es peor, que organismos del Estado, haciendo mal uso de nuestros recursos ya que con ellos se pagan sus emolumentos, hayan destinado parte en atenderles para ofrecer explicaciones. Ese tiempo debiera considerarse valioso a la luz de las enormes falencias de nuestro sistema judicial.

 

Pienso que si una comisión semejante hubiera partido de Guatemala hacia Nueva York, contando con un padrinazgo gigantesco, como el de la señora Mack, al enterarse del propósito de la visita, los abogados de aquel país simplemente los habrían mandado al chorizo. Creo, estoy convencido, de que eso es precisamente lo que nosotros debimos hacer con nuestros nueve insolentes visitantes.

SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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