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Invitado de honor

Gustavo Porras C: A 24 años de la firma de la paz
Fecha de Publicación: 31/12/2020
Tema: Política
Hoy (el martes pasado) se conmemora un año más de la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, suscrita el 29 de diciembre de 1996. Hacer un balance de lo ocurrido en Guatemala desde entonces, es una tarea pendiente que escapa a los objetivos y posibilidades de quien expone. Lo que sí se puede afirmar de manera contundente, es que con los Acuerdos de Paz se abrió la puerta para una Guatemala distinta, aunque quede mucho por hacer.

Lo primero a señalar es que, con la firma de la paz, la violencia política concluyó, entendiendo por ella la represión violenta del Estado, como respuesta ante la pretensión de tomar el poder por medio de las armas. La paz se logró en el contexto centroamericano, y con el apoyo de la comunidad internacional. Involucró a cuatro gobiernos guatemaltecos y a sus presidentes: Vinicio Cerezo, Jorge Serrano, Ramiro de León y Álvaro Arzú. Contó con el apoyo del Grupo Contadora y de la Comunidad Internacional.

Los Acuerdos de Paz convenidos por el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), no se han cumplido en su integralidad, pero sí el objetivo supremo: el fin de la violencia política como recurso para tomar el poder. Más allá de las ejecutorias de los gobiernos, lo fundamental que la paz ha permitido es el protagonismo del pueblo guatemalteco, en el marco del cual se destaca la incidencia cada vez mayor de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Queda mucho por hacer y todos lo sabemos. La institucionalidad del Estado adolece de profundas deficiencias, y para superarlas se requiere de la participación creciente de la población. El cambio fundamental es que ello puede desarrollarse en el marco de la ley, de manera pacífica, aunque no exenta de turbulencias y conflictos. La batalla del momento es contra la corrupción, el narcotráfico y todo lo que atente contra los valores y la identidad nacional.

Uno de los temas fundamentales que a menudo se quedan al margen, es que los Acuerdos de Paz incluyen el gran objetivo de construir una Guatemala sin exclusiones, lo que en esencia significa superar los antagonismos del pasado, y entre ellos la discriminación y los rencores.

Para eso se requiere de políticas públicas, pero también de actitudes individuales y colectivas. No hay que olvidar ni dejar al margen, que la paz se logró mediante el acuerdo de los protagonistas directos de la guerra interna: el Ejército de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Sin ello la paz no habría sido posible.

La paz no significa que todos pensemos lo mismo: las discrepancias y contradicciones son inherentes a la naturaleza humana. La paz no conlleva la supresión de la diversidad ni de los intereses contrapuestos, sino que la conflictividad que ello significa se resuelva sin violencia y en el marco de las instituciones.

Hoy estamos en una Guatemala cualitativamente distinta a la del pasado, y el motor principal de los cambios está en la base de la sociedad. En los pueblos indígenas de nuestro país se concentraba mayoritariamente la pobreza; hoy esos pueblos han alcanzado niveles de prosperidad impensables hasta hace poco tiempo, aunque el factor principal para ello sea la emigración, y no las políticas públicas. Por eso, en un número creciente de esos pueblos, se han erigido monumentos a los emigrantes que, a pesar de sus desventuras, son un ejemplo de laboriosidad y generosidad: sus remesas son superiores al presupuesto nacional.

Mucho mayor sería el desarrollo del país y la felicidad de las familias, si esos emigrantes hubieran encontrado aquí la posibilidad de suplir sus necesidades y prosperar, sin abandonar la tierra que sus ancestros cultivaron y embellecieron desde hace miles de años.

Por eso, sin subestimar lo que se ha logrado a través de políticas públicas, lo más profundo ha sido la dinámica del pueblo guatemalteco y de su población indígena. La tarea fundamental, que sigue pendiente, es colocar al Estado en los niveles de eficiencia y probidad que su población reclama con todo derecho.