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Teorema

Quinta solicitud de ampliación
Fecha de Publicación: 21/06/2020
Tema: Congreso
El 11 de marzo de 2020 el Coronavirus (CV19) fue declarado oficialmente pandemia por la OMS. Entonces sumaba más de 118,000 personas infectadas en 114 países; 4,291 habían perdido la vida. El12 de marzo, 115 diputados emitían el Dto. 8-2020 mediante el cual el Pleno del Congreso ratificaba el Estado de Calamidad Pública –ECP— contenido en el Decreto Gubernativo 5-2020 emitido en Consejo de Ministros, mediante el cual el Gobierno declaraba esa medida de excepción.

El 13 de marzo se confirmó el primer caso de enfermedad causado por el CV19. En los días siguientes el Gobierno cerró las fronteras y ralentizó la actividad del país. Aseguró que esa situación se mantendría hasta el 31 de marzo a las 24 horas. Recibió un amplio apoyo popular. Llegada esa fecha, solicitó al Congreso que ampliara, un mes más, el plazo del ECP quien lo concedió.

A pesar de que tal ampliación estropeaba las celebraciones de Semana Santa y que las procesiones serían canceladas por primera vez en medio siglo, una buena parte de la población aprobó la medida dictada por sus representantes en el Congreso. El lunes 13 de abril, concluida la Semana Mayor, la libertad de los guatemaltecos fue restringida con severidad. Nuevas regulaciones entraron en vigor.

El Gobierno prohibió que personas mayores de 60 años salieran a la calle. Reprimió los abrazos. Una persona solo podía acercarse a otra 1.5 metros o más, mediara enfermedad o no y sin importar la relación entre ellos. Impuso el uso obligatorio y generalizado de mascarilla en todo lugar, incluyendo vehículos y residencias particulares. A pesar de la imposición, pidió a las personas que al estornudar o toser, se cubrieran la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable.

Al saludarse, la gente en vez de darse la mano podía establecer contacto uniendo los codos. Vedó los eventos deportivos, festejos, conferencias, y en general, todo tipo de reuniones, incluyendo misas, cultos y otros eventos religiosos, así como los velorios y funerales. Prohibió hacer turismo interno recreativo. A quienes tienen parientes en otras ciudades les impidió llegar a visitarlos.

Prohibió ir a la playa, a lagos, ríos y montañas, la venta de licores en la tarde y la noche y trabajar fuera de casa (menos de 5% de la población que trabaja, puede hacerlo desde su casa).

El Gobierno redujo el tiempo que los mercados municipales podían estar abiertos, cerrándolos totalmente algunos días. Prohibió a las personas y a transportistas comerciales traspasar los límites entre dos departamentos.

Ordenó el cierre de escuelas, colegios y universidades. También clausuró centros comerciales, salas de cine y restaurantes. Los museos, salas de exposiciones y centros de convenciones fueron cerrados.

Prohibió el transporte público urbano y extraurbano. Cerró las fronteras terrestres, puertos y aeropuertos. Canceló la entrada y salida de aviones de pasajeros, así como la llegada de cruceros. Suprimió las visitas en centros de detención. Impuso un toque de queda cuya duración iba de 10 a 24 horas,

Quienes se encontraban fuera del país, al regresar serían puestos en cuarentena. Pidió a la población que evitara tocarse los ojos, la nariz, y la boca. Desarrolló una publicidad intensa con el mensaje: “Quédate en casa”.

El apoyo al gobierno se redujo considerablemente. Las regulaciones contienen contradicciones que fueron objeto de burla. Las Disposiciones Presidenciales (que no cuentan con la aprobación explícita del Congreso) fueron tomadas como simples ocurrencias del mandatario. Empezó a ser necesario el uso de la fuerza pública en contra de los ciudadanos para enforzarlas.

Las medidas impuestas, repetidas continuamente, unidas a las diarias cadenas nacionales y las noticias por la prensa hablada, escrita y televisada crearon un clima de pánico entre la población. En las redes sociales fotos y vídeos espeluznantes de otras épocas fueron publicados, infundiendo más miedo. Los sucesos en Lombardía, Italia, hicieron que la crisis de terror alcanzara su punto más alto.

En poblaciones del interior las autoridades indígenas, cocodes y comudes, crearon bloqueos prohibiendo la entrada o salida de personas a sus otrora tranquilas aldeas, villas o cabeceras municipales. En Quetzaltenango algunos pobladores intentaron quemar a varios deportados “acusados” de tener la enfermedad. Un médico del IGSS fue desalojado del apartamento que rentaba por temor a que contagiara a otros residentes. Una mujer, supuestamente contagiada por su esposo, estuvo a punto de ser linchada y quemada viva por los vecinos.

El gobierno ignoró su responsabilidad moral por haber creado el estado de pánico que motivó esos y otros sucesos.

La cuarentena (los 40 días) debió concluir a fines de abril. En ese tiempo el gobierno dedicó edificios existentes para construir hospitales temporales. Las empresas y personas altruistas los equiparon tanto en mobiliario como en equipo hospitalario. Ese habría sido el éxito de la cuarentena ya que, en cuanto a contener la epidemia, lo que quedó fueron buenas intenciones pero un rotundo fracaso.

Al concluir la fase de contención de la pandemia se encontró que los esfuerzos de contención habían sido inútiles. El CV19 inició su fase de crecimiento exponencial. En vez de aceptar el fracaso, el gobierno insistió en mantener la política de la OMS, culpó del fracaso ¡a los pobladores! e implementó nuevas regulaciones. Su actuación se volvió
errática, cuando no engañosa o falsa. Sin embargo, consiguió que, inexplicablemente, nuestros representantes ampliaran el Estado de Excepción ¡Cuatro veces!

Los pobladores deseamos vivir dentro de ese Estado de Derecho que con muchas imperfecciones se ha logrado establecer. Se busca crear una sociedad libre donde los habitantes tengamos derechos y obligaciones, libertad y responsabilidad. La privación de derechos ciudadanos contenida en el ECP nos lleva de regreso a la época colonial. Nuestros representantes en el Congreso han permitido tal despropósito, motivados posiblemente por un discurso persuasivo.

Hoy, 21 de junio, transcurridos más de cien días, las estadísticas oficiales registran 12,500 casos. De ellos, 9,600 están activos y 500 personas han fallecido. Varias veces, en un solo día, se han registrado más de 600 casos. No se puede amenazar diciendo que el sistema de salud podría colapsar, porque ya colapsó. Tampoco se puede cuestionar el fracaso de la estrategia de contención. Sin embargo, el gobierno insiste en mantenerla a pesar de que ya hubo manifestaciones públicas exigiendo libertad.

¿Fue para conseguir estos resultados que los representantes del pueblo en el Congreso otorgaron tan amplios poderes al gobierno?

La población del país se encamina de manera natural, hacia una inmunidad total, pero las restricciones impuestas por el gobierno no pueden sino agravar la situación y causar más muertes innecesarias. La gente necesita información clara. El pánico debe cesar. Nadie tiene por qué morir. Hay formas de enfrentar la enfermedad que causa el COVID19 y estas deben ser explicadas a la gente.

Señores Diputados al Congreso de la República de Guatemala, ustedes tienen hoy en sus manos una solicitud de ampliación del Estado de Calamidad Pública por quinta vez. Los argumentos que respaldan tal solicitud son los mismos que recibieron en las anteriores y que no se han cumplido. No negocien la aprobación.

Simplemente, no la conceda.


P.D: Estimado lector,
Si usted está de acuerdo con lo anterior y conoce a algún diputado, por favor envíeselo.
SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 73 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería el&eacu
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