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Molina Mencos: ilegalidad de acuerdos de paz
Fecha de Publicación: 30/12/2019
Tema: Guatemala
El 13 de mayo del año 1999 el jurista Carlos Molina Mencos interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra acuerdos del Congreso de la República que convocaban a una consulta popular para ratificar o no ratificar una reforma de la Constitución Política. Era aquella reforma convenida en uno de los acuerdos de paz celebrados por funcionarios gubernamentales y comandantes de la organización guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El jurista Molina Mencos fue auxiliado por los abogados Gabriel Orellana Rojas y Carlos Rodrigo Pineda Chavarría.

Yo he afirmado que los acuerdos de paz son ilegales porque eran “decisiones políticas de especial trascendencia” que, por consiguiente, tenían que haber sido “sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”; pero nunca lo fueron. El recurso que interpuso el jurista Molina Mencos concernía al acuerdo de reforma de la Constitución Política; pero sus argumentos podían aplicarse a todos los acuerdos de paz. Expongo de manera resumida algunos de esos argumentos.

1. El régimen jurídico de Guatemala es aplicable a “todo acto, contrato, acuerdo o negociación que se realice en nuestro territorio o que sea realizado por ciudadanos súbditos guatemaltecos.” La Constitución Política es la norma suprema “pero se complementa con las normas del derecho común.” Se complementa, por ejemplo, con las normas del Código Civil, el cual regula el negocio jurídico.

2. El régimen jurídico de Guatemala exige, en “la celebración de cualquier tratado, convenio, acuerdo, contrato o negociación”, que las partes sean sujetos de derecho, es decir, “que sean personas, naturales o jurídicas; que gocen de capacidad legal para obligarse; y que declaren libremente su voluntad.” Por supuesto, es propio del sujeto de derecho tener la “capacidad jurídica de contraer derechos y adquirir obligaciones.”

3. El Estado de Guatemala es una persona jurídica y, por ello mismo, sujeto de derecho. El derecho internacional público reconoce que los Estados y “los organismos internacionales debidamente reconocidos por la comunidad internacional” son sujetos de derecho. Los grupos beligerantes debidamente reconocidos también son sujetos de derecho.

4. Los acuerdos de paz debieron cumplir con los requisitos que el régimen jurídico de Guatemala exige para la celebración “de todo acuerdo, contrato, convenio, tratado o negociación.” Empero, no los cumplieron. Y ningún organismo internacional reconoció que la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca fuera un grupo beligerante. Esa organización no era, entonces, sujeto de derecho, y por ello mismo, el Estado de Guatemala no podía celebrar acuerdos con ella; y si los celebraba, eran legalmente nulos.

5. Las partes que intervinieron en la celebración de los acuerdos de paz fueron el Gobierno de la República de Guatemala, que representaba al Estado, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

5.1 El Estado de Guatemala tenía “personalidad jurídica por mandato constitucional y por disposición del Código Civil”, y el derecho internacional reconocía que era un ente soberano representante del pueblo de Guatemala.

5.2 La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca no tenía personalidad jurídica. O no era un ente jurídico “debidamente reconocido por el derecho de Guatemala o por el derecho de otro país” en el cual se hubiera constituido jurídicamente y, por consiguiente, convertido en sujeto de derecho. O no era parte de alguna institución nacional de derecho público, o de alguna institución internacional legalmente reconocida. Era, pues, “legalmente inexistente”, y el Estado de Guatemala no podía celebrar, con ella, acuerdos de ninguna naturaleza.

6. Los representantes del gobierno que suscribieron los acuerdos de paz se excedieron en el desempeño de sus funciones: no podían “acordar cambios o modificaciones” del régimen jurídico del país. No tenían “capacidad legal para obligarse a modificar la Constitución Política de la República, sin incurrir en la comisión de un delito, ya que el ejercicio del poder, de acuerdo con el Artículo 152 de la Constitución Política de la República, está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley.”

7. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca no tenía “facultad alguna para negociar o representar a persona, entidad o gobierno”, es decir, no tenía “capacidad para obligarse.” No podía, entonces, celebrar acuerdos con el Estado de Guatemala. Esto implica que los acuerdos firmados por sus miembros eran nulos ipso jure y, por tanto, “inexistentes”.

8. En el caso de la pretensión de reformar la Constitución Política, hubo “responsabilidad penal de ambas partes”. El Código Penal tipifica el delito que fue cometido. Y el acuerdo por el cual se convenía en reformarla incurría en un vicio, que consistió en que no había libre voluntad de una de las partes. Efectivamente, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca forzaba la negociación mediante “la violencia, el terrorismo, la fuerza, el asesinato, la extorsión, el chantaje, el secuestro y la intimidación.” El empleo de esos recursos era también causa de nulidad de los acuerdos.

9. Quienes participaron en la celebración de los acuerdos de paz, y quienes participaron en el intento de conferirles legitimidad mediante aparente negociación entre partidos políticos, y luego mediante un acto legislativo, “violaron el orden jurídico y, por lo tanto, eran “responsables del delito contra la Constitución Política.”

Post scriptum. El 11 de junio del año 1999 la Corte de Constitucionalidad declaró que el “trámite” del recurso interpuesto por el jurista Carlos Molina Menos “quedaba en suspenso indefinidamente”. Finalmente esa corte resolvió que, por no haber habido ratificación de la reforma de la Constitución Política, “la posibilidad de los acuerdos impugnados que dieron lugar a preceptos normativos vigentes desapareció.”