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Política Pública

La nueva LEPP
Fecha de Publicación: 22/10/2019
Tema: Construir el Estado
Las condiciones para modificar profunda, verdadera y realmente la Ley Electoral y de Partidos Políticos —LEPP— están dadasy son inmejorables. La nueva ley no debiera provenir de acuerdos entre el Congreso y el TSE, como hace tres años. El riesgo de que vuelvan a engañar a la población y que no haya cambios auténticos, es alto, demasiado alto.

El Decreto 26-2016 del Congreso —LEPP actual— introdujo, como gran innovación a favor del poder ciudadano, el voto nulo vinculante. Se pedía la inclusión de una casilla titulada “Ninguno”, que abriera la posibilidad al electorado de rechazar los candidatos propuestos por los partidos, obligándolos a presentar nuevos postulantes. La respuesta en la ley, más que un artificio ingenioso, fue un fraude, una estafa, una artimaña destinada a engañar a la ciudadanía.

Concedieron carácter vinculante al voto nulo pero exigiendo que superara la mitad del total de votos (apenas obtuvo 4.16%). Aún en el estadísticamente improbable caso de triunfo del voto nulo, nada habría sucedido. La ley permitía que los candidatos volvieran a postularse. Aun periodistas agudos y analistas inteligentes, víctimas del ardid, hicieron el ridículo llamando a votar nulo. Hubo circo, mucho circo. El poder sigue en manos de los partidos políticos. La ciudadanía permanece pagando discursos vacíos y sufriendo servicios públicos de mala calidad.

Necesitamos una versión de la LEPP, ajena al TSE y al Congreso. Hay que redactar un proyecto de ley totalmente nuevo, socializarlo por los medios de prensa y redes sociales y llevarla a la Presidencia de la República para que esta, haciendo uso de su iniciativa de ley, la presente al Congreso para su aprobación. Una fecha conveniente podría ser el 14 de enero, después de la toma de posesión del nuevo gobierno.

La gente espera con ansiedad cambios en algunas leyes. Una LEPP totalmente nueva es casi un clamor popular. Los medios coinciden en señalarlo así; los expertos están de acuerdo; quienes influyen la opinión pública también se expresan en ese sentido. El ciudadano común, receptor de esa influencia, y por su análisis y convicciones personales, me parece que apoyaría un proyecto así.

Aún no se ha extinguido en la ciudadaníala pasión política derivada del reciente proceso electoral y la consciencia de su importancia en el desarrollo de nuestro país. Posiblemente contamos con varios meses, quizá solo este año, antes de que tal vehemencia se relaje. Por eso habría que actuar con inmediatez.

La coyuntura ofrece dentro de sus mejores posibilidades, que quienes la redacten provengan de dos sectores, uno práctico y el otro teórico. El primero lo forman quienes sufrieron el caos y laberintos de la ley actual durante sus propias campañas políticas, los candidatos a presidente y vicepresidente en la elección del 16 de junio. Habría que invitar a participar a: Aníbal García, Arturo Soto, Betty Marroquín, Edmond Mulet, Edwin Escobar, Isaac Farchi, Mauricio Radford, Luis Velásquez, Manuel Villacorta, Pablo Ceto, Ricardo Flores, Ricardo Sagastume, Roberto Molina, Roberto Villeda y Yara Argueta.

Dentro del sector no partidista, me gustaría ver a los formadores de opinión que con mayor frecuencia se expresaron al respecto. Dentro de ellos: Alejandro Balsells, Alfredo García Siekavizza, Carlos Bezares, Conrado Reyes, Edgar Ortiz, Eduardo Valdizán, Estuardo Zapeta, Giovanni Fratti, Gustavo Porras, J. Luis González D, Luis Fernández Molina, Mario Fuentes Destarac, Omar Barrios, Phillip Chicola y Stuardo Ralón. Entiendo que el público los percibe como conocedores profundos del tema.

Por favor advierta que todas las personas referidas tienen un alto perfil público, lo que no es casual sino muy importante para el proyecto. Se trata de crear una ley de amplio apoyo popular, surgida de la población. Si una persona conoce muchísimo del tema, pero no es conocido por el gran público, sería poco valioso para el proyecto.

Las personas que influyen la opinión pública desde los medios y en las redes sociales deben participar. Es necesario porque así, con una amplia participación popular, será fácil socializarla y con apoyo del electorado, conseguir que el Ejecutivo la envíe al Congreso.

Aunque entre los redactores debe haber abogados, considero conveniente que la mayoría no lo sea. Los ciudadanos con otras profesiones; son capaces de concebir procesos más simples y expeditos. En total creo que entre 20 y 30 personas podrían redactar una magnífica nueva LEPP. Pienso que se debe evitar la ley actual como referencia, el desarrollo debiera ser respecto de otra más transparente. Por ejemplo, la queen 1985 empleó el abogado Herbruger Asturias. Su prestigio nacional favorecería su apoyo mediático.

El proyecto debe ser coordinado por una organización con bien probado interés por los asuntos de nuestro país. Una que cuente con poder de convocatoria y cuyo prestigio no deje lugar a duda acerca de sus intereses sanos y correctos a favor de Guatemala y su futuro. Se me ocurre pensar en el CEDECON, la Cámara Guatemalteca de Periodismo o la Asociación de Amigos del País.

He escrito una propuesta razonablemente completa sobre los procedimientos a seguir y una estimación de los costos que habría que enfrentar. Pero esos detalles no son necesarios en este documento. Asumo que la participación de los redactores debiera ser considerada por ellos como un honor. Como una retribución a la Patria que los vio nacer, como su contribución para el futuro de sus hijos y de su familia.
SOBRE EL AUTOR
J. Fernando García Molina
Graduado en Ingeniería Eléctrica por la USAC Graduado en Ingeniería Industrial por la URL Magister Artium en Economía por la UFM Diplomado en Ingeniería Pentacont
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