ENSAYOS >
Título:     Tema:     Autor:    

Invitado de honor

Marta Altolaguirre: ¿Pacto de corruptos o pacto de corrupta?
Fecha de Publicación: 14/04/2019
Tema: Política
En un mensaje, de Thelma Aldana, posible candidata a la presidencia, destacan sus falsas afirmaciones refiriéndose de manera teatral y generalizada a un supuesto “Pacto de Corruptos”. Califica así a todos sus opositores y se aparta de la verdadera realidad que Guatemala enfrenta en cuanto a la corrupción.

Precisamente, en nuestra nación (como en otras), se consolidó mucha corrupción debido a la desviación y perversión de varios gobernantes y numerosas autoridades que buscaban enriquecerse en el desempeño de su función pública, gozando de contratos que les beneficiaran económicamente.

En muchas naciones los seres humanos se pervierten al asumir cargos públicos cuando el objetivo que motivó su esfuerzo por ocupar el poder es perverso. Unas veces la causa es ignorancia, otras es la primacía de adquirir dinero mediante la “negociación”. El resultado es el mismo; los cotidianos caminos retorcidos de muchos gobernantes terminan depravando la moral de la población.

Es inconsecuente que toda una Fiscal General, haya cambiado radicalmente su condición económica al pasar por diversos cargos públicos dentro del sistema de justicia. Es monstruoso, ruin e infame que, para tener “éxito” en el manejo del Ministerio Público –MP--, se haya pervertido a sujetos depravados para que compraran testimonios falsos. Contar con ese tipo de “pruebas” para sustentar procesos y eventuales condenas es éticamente deleznable y jurídicamente criminal.

La CICIG, fue aprobada 13 años atrás por solicitud de Guatemala a la Organización de las Naciones Unidas. Se pedía apoyo al Estado (esencialmente al MP), para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, que vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos. La CICIG debía investigar a personas y organizaciones que habían tomado algún control y que favorecían la corrupción impidiendo al sistema de justicia avanzar con efectividad.

El apoyo económico internacional ayudó a la instalación de la  CICIG, y ciertamente, esos aportes del extranjero lograron fortalecer a los órganos requeridos en el MP para investigar y presentar denuncias respaldadas con alguna evidencia. Lo que desvirtuó, entre otros, el desempeño de CICIG, fue la alteración del respeto a la presunción de inocencia y su procedimiento de acudir a delincuentes en prisión para formalizar testimonios falsos. A ellos les ofreció reducir el término de su condena a cambio de declarar lo que convenía a la CICIG-MP para presentar en los tribunales.

Así, logró la CICIG fortalecer la investigación y su posición en las audiencias. Consiguió atención mediática exaltando la importancia del combate a la impunidad. El público llegó a conceptuar que tal éxito se debía a que los funcionarios extranjeros de CICIG eran abogados súper dotados. Llegó a creer que ellos contaban con técnicas de investigación desconocidas por los profesionales guatemaltecos. Que se trataba de abogados muy capaces y altos estándares éticos.

Pero con el tiempo fueron surgiendo evidencias en contrario. Un moribundo levantó su dedo acusador y señaló a un abogado de CICIG como aquel que lo había sobornado para rendir falso testimonio. Más acá, trascendió que otro de sus funcionarios sostenía relaciones íntimas con una testigo protegida. Solo Dios sabe que otras atrocidades habrán sucedido en medio. Además para nadie es secreto que el mismo excomisionado Velásquez mantuvo relaciones políticas con grupos subversivos y narcotraficantes en Colombia y que actualmente las tiene con sectores políticos de la izquierda de ese país.

Los fiscales del Ministerio público, abogados guatemaltecos, nunca tuvieron incentivos para dedicar mayor esfuerzo a su trabajo. Siempre les hizo falta tiempo para investigar con mayor profundidad. Sin embargo, todo el tiempo actuaron con apego a la Constitución, a la legislación vigente y fueron respetuosos de los derechos humanos fundamentales. Pero por encima de todo, y esto quizá sea la diferencia más importante, nunca tuvieron el respaldo político y financiero necesario para enfrentar importantes organizaciones criminales como sí lo tuvo la CICIG.

En su lado bueno, la CICIG logró fortalecer la investigación y aumentar el conocimiento y la importancia del combate a la impunidad. Hubo éxitos sonados. Pero, era necesario que estos guardaran sumisión a la Constitución y a las normas internacionales de respeto a los derechos humanos fundamentales. En su lado malo, las arbitrariedades y los abusos en el sistema, lo pervirtieron.

Ahora, la Fiscal General, María Consuelo Porras, debe conseguir el apoyo nacional e internacional que antes tuvo el MP. Una labor que es más política que legal. Por otra parte, debe brindar todo su apoyo y supervisión a los fiscales bajo su mando, exigiéndoles recuperar, en todo momento el perdido respeto a la Constitución y a los derechos humanos fundamentales de las personas objeto de investigación.

Los guatemaltecos debemos entender con claridad que los seres humanos tienen las mismas características en todo el mundo. Los hay probos, diligentes, honrados, eficientes, cumplidores… También los hay malos, mediocres, torpes, oportunistas, mentirosos y corruptos. Algunos funcionarios engañan para beneficiarse personalmente, mientras otros, apegados a principios de idoneidad y honradez, promueven la justicia respetando los derechos fundamentales de las personas.

La CICIG y los ex Fiscales, incluyendo a la candidata Aldana, formaron un equipo que incluye grupos extranjeros, empezando por los “cigüeños”, quienes han cometido graves violaciones a derechos fundamentales de los denunciados. Mediante el apoyo de la sesgada ONU, la CICIG y el MP alcanzaron altas cuotas de poder manipulando a un Estado que había perdido su apego a la Constitución y a las leyes de la nación, propias de la democracia republicana que supone proteger.

La aspirante a la presidencia se ha inclinado ideológicamente a conveniencia de lo que considera que conviene más a su pretendido triunfo electoral. Habla falsedades e ignora los señalamientos en su contra. Así mismo, empezó su campaña en Estados Unidos, meses atrás para ganar el voto de los migrantes y de sus familiares residentes aquí. Al hacerlo ignoró la limitación a la propaganda establecida en nuestro país por el TSE (requisito absurdo pero con plena validez legal). También ignoró otras regulaciones emanadas de ese tribunal.

Resumo: En esta década, progresivamente surgieron evidencias de que la Comisión había pervertido sus objetivos, principalmente, con la llegada del último de sus comisionados y su condición de militante político activo. De la duda se pasó a la certidumbre al hacerse evidente que las corrientes ideológicas nacionales e internacionales habían cooptado a la CICIG. La política siempre debió ser ajena y estar ausente de la persecución criminal. Sin embargo, nuestro sistema de justicia fue permeado y empezó a ser instrumento de corrientes ideológicas.

Algunos abogados y otros funcionarios extranjeros de CICIG, evidenciaron que los profesionales extranjeros no son superiores por ser originarios de otra nación; de hecho, dieron muestras de no tener ventaja alguna respecto a un gran porcentaje de abogados nacionales, comprometidos con su profesión.

La defensa ejercida por profesionales chapines en los casos judiciales mediatizados por CICIG, frecuentemente fue superior a la parte acusadora. Quedó claro que en Guatemala hay muchos abogados íntegros y objetivos, capaces de hacer un trabajo eficiente, imparcial y respetuoso de la Constitución y las leyes, objetivo que tiene el sistema de justicia. En este momento, resalta el necesario el apoyo del Estado al Ministerio Público para retomar la investigación.

Los abogados guatemaltecos deben ser quienes luchen contra la impunidad, respetando nuestra Constitución. Creemos que de esa forma se sometería a juicio los casos de corrupción de manera transparente y eficiente y se fortalecería la lucha contra otros hechos criminales que dañan a la ciudadanía y a la nación.