ENSAYOS >
Título:     Tema:     Autor:    

Vocación de Libertad

El Presidente, CICIG y la C.C.
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Tema: Otros

A manera de aclaración, diáfana y sin dobleces de corrección política, he de decir que cuando se me ha preguntado en torno al funcionamiento del ciudadano presidente Jimmy Morales, mi respuesta ha sido constante: ¡no!, no podemos pedir peras al olmo, eso elegimos, eso tenemos.

He de decir también que, desde el comisionado Castresana en CICIG, he mantenido un criterio de sospecha en el rol de CICIG en Guatemala, razón por lo cual afirmo que no es una actitud de sospecha relativa al comisionado Velázquez, sino, del fondo y forma en el que el Estado de Guatemala, cedió su soberanía a una institución que hoy despierta muchas dudas.

La expresión más reciente de esta sospecha en torno a CICIG, las aporta  el colega columnista de Prensa Libre, Alfred Kaltschmitt:

11 años y no hay cambios de fondo: Art. 2 inciso C del Acuerdo de la CICIG: (c) Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas  incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin. “Tuvieron 11 años y entre $400 a 500 millones de dólares para lograr algo. Y  se dedicaron únicamente a persecución penal logrando 200 condenas (18 por año)… 11 años para hacerlo y nada. Solo persecución penal selectiva, la contaminación de una paranoia paralizante en la administración pública…

Estando totalmente de acuerdo con que hemos de terminar con la corrupción y la impunidad, no es aceptable hacerlo pagando el precio  de hacernos como los tres monitos sabios y dejar hacer. Dejar pasar la verdadera oportunidad de dar vigencia al Estado de Derecho que nos abra la puerta hacia un futuro mejor para todos. Hemos de creer que se puede terminar con la corrupción y la impunidad, sin violar flagrantemente el pilar fundamental del Estado de Derecho: cumplir la ley.

La opinión de ciudadanos legos en el tema de las leyes y sobre todo de las leyes constitucionales, tienen valor, en tanto hay un entendimiento y sentido común que fundamenta tal opinión, sin embargo; la opinión de juristas que han estudiado y han ejercido funciones que le dan más capacidad de analizar y entender los actos jurídicos constitucionales, cobra importancia y peso en búsqueda alimentar mejor nuestras consideraciones ciudadanas.

Es en razón de estas ideas que, ahora que el Presidente de la República ha tomado una decisión determinante en relación con la presencia de CICIG en nuestro país. Bien vale la pena examinar el aprendizaje que podemos tomar y a la luz objetiva de renovar el compromiso ciudadano de terminar con la corrupción y la impunidad, externar criterios que contribuyan a enfilar la vida institucional de nuestra democracia. Por supuesto,  no tengo nada que cuestionar en términos de la validez jurídica que la decisión del Presidente de la República de Guatemala ha tomado, pero si mucho que considerar para los pasos que habrá de dar en el futuro próximo.

En virtud de  lo anterior,  me he acercado a examinar los resultados del coloquio que bajo el nombre de “Estado de la Justicia Constitucional en Guatemala” se celebrara el 23 de noviembre del año 2017.

El documento resultante de este coloquio, fue publicado por la Asociación de Amigos del País  https://www.aquienguate.com/perfil/asociacion-de-amigos-del-pais_158497. Esta es una entidad de carácter privado con más de 217 años de existir. En él, llama la atención un primer comentario: “ …en donde una revisión superficial denotaba que ésta – la Corte de Constitucionalidad - podía estar transgrediendo el orden constitucional al fallar por encima de las facultades que la propia Constitución le otorga.” (Resaltada es de quien escribe)

Un primer auto a examinar, es el que se refiere al amparo provisional sobre la declaratoria de non-grato al comisionado de la CICIG. Destaca el voto razonado de la Magistrada Dina Ochoa Escribá, de quien, bien podría decirse, respondería al conflicto de intereses que le adjudica, el haber sido nombrada por el Presidente de la República. Comenta la Magistrada Ochoa, que la Corte violó el Principio Jurídico del Debido Proceso, porque:

a) Que el citado artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, habilita a la Corte para disponer la suspensión provisional del acto reclamado, puesto que, para una suspensión definitiva, es necesario agotar la totalidad de procedimientos y entonces poder emitir un argumento jurídico que disponga la suspensión definitiva o no, del acto reprochado y b) La Corte puede suspender provisionalmente el acto, mas no disponer de la suspensión definitiva, lo que únicamente puede realizarse cuando haya agotado la totalidad de los plazos y fases que regula la ley que conlleva a la emisión de una sentencia definitiva.

En este coloquio, se agregaron opiniones de dos hombres del derecho. El Magistrado y ex Presidente de la CC, Lic. Roberto Molina Barreto, quien opinó así: “Fue un voto dividido (…) Este expediente no debió suspenderse en amparo provisional, tenía que llegar a sentencia, incluso tenían que cumplirse todos los procesos de amparo para llegar a un convencimiento y parece ser que por esa debilidad mejor deciden suspenderlo definitivamente el segundo día, lo cual sí viola flagrantemente la ley de amparo”

El Lic. Stuardo Ralón Orellana, constitucionalista de profesión, dijo: “Es un amparo con la amenaza que el Presidente de la República ejerza la facultad como Jefe de Estado en el artículo 9 de la Convención de Viena. Lo que está pidiendo es que existe el riesgo que el Presidente ejercite una facultad que sí tiene de acuerdo a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas”

SOBRE EL AUTOR
Juan F. Callejas Vargas
 Juan Francisco Callejas Vargas   Guatemalteco de 67 años de edad, periodista de opinión, casado con una esposa con quien ha procreado ocho hijos. Estudios profesionales en U
OTROS TÍTULOS DEL MISMO AUTOR:

Ver todos